"Los grupos feministas desarrollaron hace 20 años (la primera edición del libro es de 1997) una nueva línea de acción política: exigieron y obtuvieron cambios legislativos, favorecieron la puesta en marcha del Estado del Bienestar y comenzaron a introducir en las políticas públicas demandas de apoyo a situaciones conflictivas padecidas sobre todo por mujeres, derivadas de los aspectos más lesivos del patriarcado. Así, se crearon refugios para mujeres maltratadas, una red de asistencia jurídica para mujeres con problemas específicos (matrimoniales, violencia sexual, acoso, trabajo), políticas para equilibrar la formación profesional de las mujeres con desigualdades educativas e iniciativas para favorecer el desarrollo empresarial y de autoempleo de las mujeres. En su fase política de gestión comenzó a surgir una malla informal de apoyo a la visibilidad y presencia de las mujeres en puestos relevantes de la acción sindical, ciudadana y política. Todo esto constituye un conglomerado de técnicas, acción y discurso que es apoyado casi sin reservas por el conjunto de la población femenina y por amplísimos sectores de la masculina. O en otras palabras: casi todo el mundo cree que estas cosas están bien y que hay que hacerlas.
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Como es obvio que el estado carece de la masa de recursos suficiente que pudiera hacer institucionales todos estos nuevos lugares de gestión, asociaciones feministas y asociaciones de mujeres, por lo general mediante convenios, han satisfecho hasta el momento a un coste más bajo del que hubiera supuesto funcionarizar todos estos campos de actividad y de cuidado. Existe pues, un segmento feminista "profesionalizado" en técnicas de gestión de apoyo social. Ahora bien, cualquier política social que no tenga entre sus prioridades la asistencia social, es obvio que intentará rescindir tales convenios hasta allí donde comience a detectar resistencia.
Las políticas liberales, en sentido estricto, no se van a encontrar una capa funcionarial y un ámbito de gestión claro, sino con trabajo profesional de estructura administrativa endeble, aunque necesario".
Ahora si soy yo quien lo dice: todo el mundo está de acuerdo en que las casas de acogida de mujeres víctimas de violencia, la atención psicológica y jurídica a víctimas, el asesoramiento integral en materia asociativa, de empleo y de recursos, incluso los Centros de la Mujer, están bien y son necesarios, pero ¿cómo se han venido prestando estos servicios? Mediante convenios entre asociaciones e instituciones públicas, entre Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, con dinero normalmente procedente de financiación estatal, normalmente procedente de financiación europea (descontando lo que por el camino se pierde entre convenio y convenio) y sin añadir un céntimo ni en periodo de bonanza... Las instituciones públicas han venido alardeando de su red de recursos públicos para atención a las mujeres, recursos en los que normalmente no invertían euros propios, donde hemos venido trabajando profesionales mal pagados con euros que no aportaba quien nos contrataba, con contratos que nunca nos han sacado de la inseguridad laboral (normalmente de obra o servicio de duración determinada o hasta fin de convenio) pese a tener que superar concurso-oposición para acceder a los mismos y un nivel de actualización formativa y compromiso con nuestro trabajo fuera de toda duda.
¿Y qué está pasando cuando les faltan los euros para financiar el despilfarro global? Pues que pagamos siempre quienes siempre pagamos. Que había que suprimir gasto, pues nos cargamos el Instituto de la Mujer (que eso y el ahorro en chocolate para el loro no dejan de parecerse), ¡ah, no! que vienen las elecciones, que siga, pero total no pago los convenios y a los efectos es lo mismo. Si gano ya veré cómo me las apaño y si pierdo, quien venga detrás que arree. Y luego quien gana, pues de momento que siga el Instituto pero ceso a quien lo dirige y no está tan mal que nos siga saliendo gratis. Y es que estamos en octubre y los convenios "in albis".
Y curritos y curritas de a pie, pese a que siempre se nos ha considerado personal de convenio para no incluirnos en las relaciones de personal ni adaptar el sueldo a nuestra formación, se nos considera empleadas/os públicos para bajarnos el sueldo cuando "hay que ahorrar" y no se paga en todo el año a la administración que nos contrata el convenio que se firmó de forma que nos ponen en el punto de mira de cualquier tentación de reducir personal por falta de financiación con lo que logran ponernos los ovarios de corbata y encima hay que callarse.
Pues no, ni debajo del agua, que ya está bien narices. Que dejen, como dice un compañero, de ser "hipócritamente correctos/as" y digan claramente qué va a ser de las políticas de igualdad, que no me vale que me cuenten milongas del tipo, "no, si yo apuesto por la igualdad, si hacéis un gran trabajo, pero hay prioridades que... tal como está la cosa". Si la igualdad no es prioritaria que se diga, y que se diga ya, que va a llegar fin de año y vamos a tener que comernos las uvas en el cucurucho que hagamos con el folio de la carta de despido porque la Junta no paga a los Ayuntamientos desde el año pasado. Que ellos no aguantan más y en no aguantando quien manda, el destino de quienes obedecemos está poco menos que "blowing in the wind".
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